Centremos los Derechos de las Personas con Discapacidades

Para satisfacer las necesidades de la comunidad de personas con discapacidades, más legisladores deben escuchar a los estadounidenses con discapacidades y sus familias en lugar de simplemente simular darle importancia al problema. Aunque la ley es clara en que las personas con discapacidades no pueden ser discriminadas, el trato injusto aún se observa con regularidad en diversas industrias. Es por eso que he luchado por políticas inclusivas para combatir la discriminación de los jurados con discapacidades, garantizar que las personas reciban la atención médica que necesitan sin discriminación y luchar por financiar completamente la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés).

Los californianos con discapacidades siguen enfrentando obstáculo tras obstáculo solo por intentar ser miembros productivos de nuestra sociedad y economía. Es por eso que trabajé con el Senador Markey para presentar la Ley de No Discriminación por Edad y Discapacidad en el Servicio de Jurado, que haría ilegal a nivel federal impedir que las personas sirvan a sus comunidades basándose en su discapacidad. Nadie debe ser rechazado en el servicio público simplemente por ser quien es, especialmente las personas con discapacidades.

También debería ser obvio que las compañías de seguros de salud no deben negar atención a personas con discapacidades. Sin embargo, eso es precisamente lo que está sucediendo y por eso escribí directamente a la Administración Biden para tomar medidas contra las aseguradoras que explotan lagunas en la ley para negar cobertura. Una y otra vez, hemos visto a las aseguradoras restringir arbitrariamente servicios – especialmente prótesis, sillas de ruedas y otros dispositivos de asistencia – alegando que no son “médicamente necesarios”. Las aseguradoras salen impunes porque hay poca supervisión, y por ello insté a la Administración Biden a responsabilizar a estas empresas. También por esta razón presenté legislación para asegurar que las personas con discapacidades reciban una consideración plena e igualitaria en la lista de trasplantes de órganos y no sean pasadas por alto simplemente por ser quienes son. Ninguna persona debe verse afectada en su salud o en su calidad de vida por circunstancias que están fuera de su control.

Además, el gobierno federal ha fallado año tras año en enfrentar la discriminación y la falta de recursos para las personas con discapacidades en nuestro sistema de educación secundaria al negarse a financiar completamente la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). Inicialmente aprobada en 1975, la IDEA estableció que el gobierno federal debe cubrir el 40% del costo por estudiante para la financiación de la educación especial. Sin embargo, año tras año y Congreso tras Congreso, el financiamiento de la IDEA ha quedado en el olvido, con niveles actuales de financiamiento por debajo del 13%. Esta promesa de hace 50 años debe cumplirse para los millones de familias e individuos que merecen nada menos que la oportunidad de aprender, crecer y contribuir a sus comunidades – al igual que cualquier otro estadounidense.