Mejoremos la Seguridad Pública

Todas las comunidades a lo largo y ancho de California deberían ser seguras, y todos los californianos deberían sentirse seguros en sus comunidades. Necesitamos invertir en programas que ya han sido comprobados como herramientas para prevenir el crimen, como la intervención en pandillas, el desarrollo juvenil y servicios de salud mental, así como en políticas que brinden oportunidades económicas para todos, reduzcan los costos de vida y pongan fin a la canalización de la escuela a la prisión.

Apoyo firmemente a nuestros socorristas y he instado públicamente al Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes a proporcionar tanto a las agencias de aplicación de la ley como a organizaciones cruciales las herramientas que necesitan para mantener seguras a las personas. Al mismo tiempo, estoy presionando para aumentar la responsabilidad y transparencia dentro de los departamentos de policía y sus presupuestos, reconociendo la verdad innegable de que el uso excesivo y sin control de la fuerza policalha costado demasiadas vidas inocentes – especialmente entre estadounidenses de color – y ha diezmado comunidades enteras. También estoy luchando por mi legislación para invertir en alternativas adecuadas a la aplicación de la ley, que fue aprobada por la Cámara el año pasado pero fue bloqueada en el Senado. Mi proyecto de ley bipartidista, la Ley de Justicia en Salud Mental, facilitaría que los gobiernos estatales y locales envíen profesionales de salud mental capacitados en lugar de la policía cuando se llame al 911 por una emergencia de salud mental. Esta legislación salvaría miles de vidas, ya que una de cada cuatro confrontaciones fatales con la policía termina con la vida de alguien que padece una enfermedad mental grave, y aumentaría la seguridad comunitaria al permitir que más agentes de policía se centren en el trabajo para el que están capacitados.

Pongamos Fin a la Violencia Armada

Soy una madre soltera con tres hijos en escuelas públicas. Me preocupa que mis hijos o sus amigos no regresen a casa, especialmente cuando estoy en Washington, a 3,000 millas de distancia. Tenía preocupaciones similares trabajando en la Universidad de California Irvine acerca de la seguridad de los estudiantes a los que enseñaba y de la mía. Ningún padre, niño o trabajador debería sentirse así – ya sea en las escuelas, lugares de culto, supermercados o cualquier otro espacio público. Lo que es especialmente impactante acerca de esta crisis es que sabemos cómo mantener seguras a las personas – prohibiendo armas de asalto y cargadores de alta capacidad, exigiendo verificaciones universales de antecedentes, regulando las armas como cualquier otro producto de consumo, instituyendo una ley nacional de “bandera roja”, elevando la edad mínima de compra a 21 años, poniendo fin a la amplia inmunidad legal de la industria armamentística e invirtiendo en salud mental y programas de intervención en la violencia comunitaria. Y, sin embargo, Washington sigue cediendo ante los cabilderos de las armas. Necesitamos cambiar el statu quo en Washington y hacer que el gobierno trabaje para las personas reales, no para las corporaciones codiciosas como las de la industria armamentística.

Tenemos que presionar a los funcionarios electos para que se pongan del lado de las personas reales, no de las corporaciones sin rostro que lucran de la violencia armada. En 2022, presioné al liderazgo de la Cámara para que celebrara votaciones separadas sobre medidas de sentido común para la seguridad de las armas, para que los estadounidenses conocieran la verdadera postura de sus representantes electos: del lado de ellos o del lado del cabildo de las armas. Necesitamos mantener este tipo de presión sobre los funcionarios electos – y votar para reemplazarlos cuando elijan a los cabilderos armamentísticos sobre la vida de nuestros amigos, vecinos, hijos y colegas.

La epidemia de violencia armada en Estados Unidos es un síntoma de una enfermedad más extensa: la influencia desmedida de los intereses especiales corporativos sobre nuestra democracia. Al igual que muchas otras industrias, los cabilderos pro-armas utilizan su poder en Washington para bloquear políticas populares que mantendrían a las personas a salvo. Hace seis años, me postulé por primera vez para cambiar el statu quo en Washington y enfrentarme a los poderosos intereses especiales que dominan la capital, incluyendo al grupo de cabildeo armamentístico – y eso es exactamente lo que he hecho.